Frente al debate que se ha iniciado sobre la ampliación del número de Diputados/as, creemos que se debe profundizar la discusión acerca del contenido de toda la Constitución Provincial.Hoy se plantea que se eleve a treinta la cantidad de legisladores provinciales. Esto como consecuencia del incremento de la población de nuestra provincia a más de 300.000 habitantes, alcanzado ya en 2001.
Así, daremos cumplimiento al artículo 53 de nuestra Carta Magna provincial que expresa: “El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados elegidos directamente por el pueblo, en distrito único y en la forma que la ley establezca. Se elegirá un diputado por cada diez mil habitantes o fracción no inferior a cinco mil.”El número y la forma de representación política son temas trascendentes para la vida en democracia. Y esto lo compartimos.
Pero también creemos que la mera ampliación de las bancas en una Legislatura provincial es una forma sesgada de observar los alcances y la esencia de nuestra Constitución.Si repasamos los temas que preocupan a la sociedad pampeana, si damos una mirada a las problemáticas que abordan los medios de comunicación a diario, vemos como aspectos vinculados al desarrollo provincial, al trabajo, la producción, la inseguridad, la educación, la salud, la obra pública, por nombrar quizá los mas urgentes, están presentes en nuestra Constitución Provincial.Un tema de plena vigencia en el debate público remite sin discusiones a nuestra constitución: el desarrollo de las comunicaciones en la provincia a través de la utilización de la fibra óptica propiedad del Estado Provincial.
Es muy claro el Artículo 42 respecto de la prestación de los servicios públicos: El Estado, entes autárquicos o autónomos, los municipios o las cooperativas de usuarios deben hacerse cargo. El texto constitucional los pone a todos en un pie de igualdad. Luego se prevé la participación de privados.
El sentimiento anticooperativo de nuestro gobernador volvió a aflorar en el reciente anuncio sobre el uso de la fibra óptica: lo mismo da que la explotación sea entre empresas privadas lucrativas o cooperativas de nuestra provincia. De la Constitución ni noticia.Creemos que el Gobierno y el bloque oficialista en la Legislatura deberían hacer observancia de otros artículos como el 23 y 24 sobre “la gratuidad de la educación pública estatal, con igualdad de oportunidades y posibilidades”, así como garantizar “los recursos presupuestarios que requiera la prestación del servicio educativo; un sistema asistencial que asegure el cumplimiento de la educación obligatoria por parte de quienes no posean recursos suficientes; apoyo financiero para proseguir estudios en concordancia con las necesidades sociales, a quienes carezcan de recursos económicos suficientes.”
